El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha subido al tren con todo su carácter atrabiliario y amenaza abiertamente con hacer descarrilar la fusión de Talgo con la multinacional húngara Magiar Wagon. La consiga del antiguo alcalde de Valladolid y báculo político en los momentos más críticos de Pedro Sánchez está suscitando una seria controversia en Bruselas, donde los defensores del mercado abierto no terminan de comprender una inquina intervencionista motivada por las bravas y sin reparo alguno en la defensa de la libre competencia que debe presidir la política económica dentro de la Unión Europea. La ferviente ola proteccionista tiene también sus adeptos en el territorio comunitario pero incluso para éstos se antoja indispensable una justificación razonada antes de poner la proa a un acuerdo empresarial privado en el que tanto el comprador como los vendedores se han mostrado claramente interesados.
El fondo Trilantic, surgido de los despojos de la quebrada Lehman Brothers, lleva años a la caza de un mirlo blanco al que traspasar su 40% de Talgo, una participación que ha cumplido de largo su periodo de maduración. No se olvide que la entidad de private equity estadounidense cedió el control mayoritario del fabricante ferroviario mediante la salida a bolsa llevada a cabo en 2015 y ahora tiene la oportunidad de poner plenamente en valor su inversión a partir de la OPA formulada por una entidad supuestamente vinculada al primer ministro húngaro, Viktor Orban. La aparición en escena de un dirigente identificado con posiciones de extrema derecha ha servido de argumento a los ortodoxos progresistas de Moncloa para rasgarse las vestiduras y levantar todo tipo de barricadas contra una operación que representa una tabla de salvación en el desarrollo corporativo de una empresa colapsada en su actual capacidad de producción.
El equipo que encabeza Carlos de Palacio Oriol al frente de Talgo teme que la negativa expresa del Gobierno termine por desesperar a Trilantic, cuyo responsable español, Javier Bañón, está recibiendo todo tipo de presiones oficiales para que busque otra oferta alternativa que, en su caso, daría paso a una guerra abierta de OPAS en bolsa. La situación que se dibuja recuerda la que sufrió Endesa hace casi veinte años y que, a la postre, condujo a la pérdida por España de una marca de bandera, levantada a pulso con los impuestos de todos los contribuyentes durante su larga etapa como empresa estatal. Endesa no es ahora sino la filial en nuestro país de la italiana Enel, un desenlace que en Talgo puede resultar más pernicioso aún si sus actuales dueños financieros se echan la manta a la cabeza y deciden trocear la empresa vendiendo al mejor postor las diferentes actividades de diseño, fabricación y mantenimientos de trenes.
Un caballero blanco, pero financiero, para Talgo
Si el ministro insiste en actuar como la mala madre del juicio de Salomón la industria ferroviaria española sufrirá el coste de oportunidad que implicaría la integración de su emblemática y más genuina marca dentro de un proyecto que se presume ganador una vez se apaguen los ecos de la guerra en Ucrania. El ancho de vía ibérico tradicional en nuestro país es similar al que funciona en los ferrocarriles de la antigua órbita soviética y de ahí el interés de Magiar Wagon por utilizar la tecnología primigenia de la empresa española como ventaja competitiva para suministrar en toda Europa el grano y los cereales procedentes de los países del Este. Esta circunstancia debería servir de acicate para que el Gobierno asegure no solo la integridad del actual perímetro fabril de Talgo, su sede nacional y sus empleos, sino también el incremento de su oferta gracias a las amplias instalaciones que posee su eventual accionista en Hungría.
Frenar en seco la OPA formulada por Magiar Wagon ante la CNMV invocando el escudo reforzado de la normativa sobre inversiones extranjeras no parece de recibo en un país con una deuda superior al PIB anual y que tiene que mostrar un talante hospitalario con los capitales procedentes del exterior. Mucho menos si se tiene en consideración que la oferta en ciernes procede de un Estado miembro de la Unión Europea y que coincide en el tiempo con la planteada sobre el capital de Telefónica por la operadora STC, brazo ejecutivo en el mercado de las telecomunicaciones del fondo estatal de inversiones de Arabia Saudi. El Gobierno se maneja de nuevo con la ley del embudo para ejercitar a conveniencia los diferentes modelos de su singular pulsión intervencionista en materia económica, lo que puede deparar severas consecuencias en otros ámbitos de negocio empresarial.
La posibilidad de tentar a Stadler, propietario en España de la antigua fábrica de Macosa en Valencia, para convertirla en fuerza de choque contra los húngaros ha caído como un jarro de agua fría en los cuarteles generales de Renfe en Chamartín. La operadora estatal teme que la absorción de Talgo por la empresa suiza reduzca de manera decisiva su número de proveedores nacionales de material rodante. Todo ello en un momento crítico, cuando los dos grandes rivales de Francia e Italia han empezado a disputar el negocio de la alta velocidad en España con el manifiesto y expreso disgusto del propio Óscar Puente. El caballero blanco que busca el ministro debería tener un perfil más bancario que industrial y para ello hay que convencer a alguno de los grandes grupos financieros del país, con especial indicación a Criteria, que para algo es el socio preferente del Estado en CaixaBank y ahora también en Telefónica.
Iberia y la sombra de Margrethe Vestager
La estrategia ‘metomentodo’ del Gobierno ha alertado a las autoridades europeas que, parafraseando al ex presidente italiano Giulio Andreotti, no entienden la falta de ‘finezza’ en asuntos económicos que competen directamente a su área comunitaria de influencia. El transporte, en sus distintas modalidades, es un elemento esencial para la vertebración del espacio único en el Viejo Continente y constituye uno de los capítulos en los que Bruselas ejerce su especial celo supervisor. Si España fija una línea roja para hacer de su capa un sayo en Talgo la represalia puede causar serios daños colaterales a Iberia en su proyecto de fusión con Air Europa, que está sometido a un intenso e interminable escrutinio por parte de la Comisión Europea.
Desde IAG, la casa matriz de la aerolínea española, vienen lanzando mensajes por doquier que apuntan a una cesión descomunal de rutas con el fin de llevar a buen puerto una operación que resulta indispensable para convertir a Barajas en un ‘hub’ potente de conexiones trasatlánticas. Iberia está dispuesta a vender hasta un 40% de los vuelos que actualmente opera Air Europa pero la clave no reside en la cantidad, sino en la calidad de las llamadas remedy takers, que son las aerolíneas beneficiarias que podrían hacerse con esa cuota del mercado. La antigua compañía de bandera trata de excluir de la transacción a sus grandes rivales europeos, concretamente a Air France y Lufthansa, para rodearse de una corte de pequeños pretendientes entre los que destacan Binter y Volotea como marcas emergentes de mucho menor alcance.
Estaría bueno que tras los alambicados avatares de la negociación con la familia Hidalgo, la absorción de Air Europa terminase en plan Abundio, con Iberia haciendo un pan con unas tortas y obligada a cebar en su propia casa la ofensiva de sus más poderosos e influyentes rivales continentales. Franceses y alemanes llevan tiempo moviendo sus hilos en Bruselas. El ministro de Transportes está jugando con el fuego comunitario y lo peor es que la hoguera donde se cuecen las vanidades de la sagrada competencia está a cargo de la danesa Margrethe Vestager. La misma que hace unos meses perdió frente a Nadia Calviño la carrera para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Puente a puente mucho cuidado no nos lleve la corriente.